Hoy las pymes españolas no piensan en otra cosa: la reforma de la Ley de Morosidad puede ser su salvación. La supervivencia de 300.000 empresas (la mayoría de ellas, pequeñas y medianas) dependen de que se apruebe una modificación legal que podría salvar 600.000 empleos.
Con el grifo del crédito seco y la morosidad por las nubes, hoy se vota en la Comisión de Industria del Congreso una reforma para la que no existe completo acuerdo.
Los diferentes grupos políticos parecen coincidir en reducir los plazos de pago (60 días para empresas privadas y 30 para públicas), pero las divergencias comienzan, paradójicamente, al hablar de acuerdos: todo dependerá de si se acepta o no que las empresas lleguen a pactos para alargar los plazos de cobro sin pagar intereses en compensación.
Los impagados son el talón de Aquiles de las empresas españolas; después de Grecia, España es el segundo Estado europeo que más sufre esta lacra: las firmas españolas pagan en un plazo medio de 94 días, 40 días más que el resto de nuestros socios comunitarios. Con estas cifras, no es de extrañar que una de cada cuatro quiebras se deba a los morosos y que se vea esta reforma legal como la tabla de salvación de pymes y autónomos.
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