El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de las cajas de ahorro españolas se ha comprometido a cubrir los créditos irrecuperables de Caja Castilla La Mancha por valor de un máximo 2.500 millones de euros, después de la fusión de la entidad con Cajastur.
La aportación originaria recogida en el libro de venta de Caja Castilla La Mancha cifraba en 500 millones de euros la cantidad prevista para dar solvencia a la nueva entidad fusionada, fondo que resultaba insuficiente.
La aportación del Fondo de Garantía de Depósitos se plantea como un recurso para la previsión de una morosidad futura de los créditos. La operativa puesta en marcha en este caso se denomina Esquema de Protección de Activos y se ha empleado en la adquisición de bancos que han quebrado en Estados Unidos.
Sin embargo, este modelo no cubrirá las probables pérdidas de Aeropuerto de Ciudad Real, ni aún otras participaciones de la Corporación Industrial, sino sólo el negocio financiero de la nueva caja fusionada.
Por otro lado, Cajastur recibió 900 millones de euros en capital, a través de cuotas participativas, y otros 400 millones después de emitir participaciones preferentes que compró precisamente el Fondo de Garantía de Depósitos.
El planteamiento de la operación financiera es complicado debido a que los activos de la Caja Castilla La Mancha, tanto las oficinas de la entidad como los créditos, pasan a un banco aunque mantengan su denominación comercial. La caja no tendrá ningún tipo de créditos, ni actividad financiera, ni depósitos.
Los activos serán sólo el 25% del Banco LIberta, la filial de Cajastur responsable de la adquisición de Caja Castilla La Mancha y los bienes de la Corporación Industrial.
Las operaciones de fusión de las cajas, como medio para contrarrestar los efectos de la crisis financiera española, se está realizando bajo fórmulas jurídicas propias de los bancos. Algo que demuestra hasta que punto el modelo de gobierno corporativo de las entidades de ahorro con tutela política es muy poco flexible.
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