Elena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno Zapatero, anunció la contratación de asesores y prejubilados de la banca para intermediar en la concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas.
Los asesores aprovecharán una plataforma tecnológica de futura creación, los recursos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la red territorial de las cámaras de comercio españolas para realizar su trabajo. El nuevo personal que planea contratar Economía sumaría una plantilla de setenta técnicos y recibirán la denominación de ‘facilitadores financieros’.
Los nuevos ‘facilitadores financieros’ se harán cargo del estudio de las solicitudes de crédito que se presenten en las entidades financiera y que sean rechazadas. Los asesores valorarán el encaje de esas peticiones denegadas en alguna de las líneas de crédito habilitadas por el ICO.
El Ministerio de Economía prevé que el nuevo sistema de asesoría gestione unas 200.000 peticiones de crédito con un importe máximo por operación de dos millones de euros.
Para estimular el reestudio de las peticiones de crédito rechazadas, Economía pretende premiar también a las entidades financieras que aprueben los préstamos de las pymes en segunda lectura. El Ministerio de Economía se compromete, en este sentido, a aumentar la cobertura de morosidad de los créditos concedidos bajo el amparo de las líneas ICO.
La medida anunciada por Salgado es una reacción del Gobierno a la tendencia de los bancos en los últimos meses, y bajo los efectos de la crisis, de no asumir riesgos en la concesión de créditos a las pymes tras años de préstamos fáciles.
La carestía del crédito no ocurre por problemas de solvencia de la banca española, como ha reconocido Salgado, sino por el crecimiento de la morosidad como consecuencia de la crisis económica. Las grandes empresas no tienen problemas de crédito, pero, con las pequeñas y medianas empresas, la banca está siendo más dura al reaccionar con extrema prudencia.
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