Dos años de crisis que están dando lugar a situaciones insólitas.
Los proveedores conceden financiación a las empresas privadas y las administraciones públicas que por medio del no reconocimiento de las facturas pendientes aparentan una liquidez inexistente.
La situación que está regulada por la legislación vigente se está quedando sin resolver por la falta de conocimiento de las empresas o la incapacidad para iniciar un procedimiento judicial, lo que está llevando a las empresas a soportar los impagos y retrasos antes que perder a los clientes.
Los problemas que acarrea esta situación son inconmensurables y afectan no solo a la competitividad y la producción del tejido empresarial, sino también a la tasa de desempleo actual que amenaza con incrementarse considerablemente una vez finalizada la época estival.
Ante este escenario de morosidad pública, Bruselas ha elaborado un plan que establece multas y sanciones muy duras a los morosos llegando a establecer recargos del 5% a los morosos.
En España el plazo para el abono de las facturas está llegando incluso, a los 210 días. Las empresas se ven entonces contra la espada y la pared al no tener acceso al crédito por parte de los bancos y no poder cobrar sus servicios.
El retraso de los pagos al tejido empresarial de un país ha sido calificado de “sangría económica” por la Comisión Europea que ha informado que uno de cada cuatro expedientes de quiebra y más de 450.000 empleos son las consecuencias de esta situación.
La morosidad esta llevando a las empresas a la quiebra por la falta de liquidez, siendo las pymes las más perjudicadas ya que un número mínimo de facturas retrasadas pueden dar al traste con la continuidad de la productividad y el mantenimiento de las plantillas de personal.
España es un país cuyo tejido empresarial se compone mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas por lo que la morosidad en este sector es gravísima para la economía.
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