El estado avala el 50% de los préstamos formalizados para adquisición de vivienda de protección oficial.
El estado con dinero público, con dinero de los contribuyentes avala para que los bancos, principales responsables de la paralización del mercado inmobiliario, asuman menos riesgos.
Y mientras el estado avala a través del ICO con el dinero existente en las arcas del estado o debiéramos decir con el dinero inexistente, en las arcas del estado, nos vemos obligados a soportar incrementos de impuestos para corregir el déficit público asumido.
Un aval hipotecario significa que la morosidad que se produzca deberá ser pagada por el avalista y el avalista es el estado, es decir la sociedad en su conjunto avala que los bancos no asuman riesgos y que puedan conceder préstamos hipotecarios sin tener que provisional riesgo alguno.
Septiembre es la fecha elegida para poner en marcha los avales de 6.000 millones de euros que por convenio han firmado el ministerio de la vivienda y el ICO para que los bancos puedan quedar exentos del 50% del riesgo y concedan hipotecas “tranquilos”.
El aval dura 6 años y ayuda a que los bancos continúen con su política de concesión de préstamos sin asumir riesgos y, si es necesario, se ejectuten los avales.
Lo cierto es que tanto si los avales deben ejecutarse como si no, el estado ha destinado 6.000 millones de euros a avalar hipotecas, incrementando de esta forma el gasto público.
Si se produce morosidad deberá ser cubierta con dinero público y si tenemos en cuenta las previsiones de morosidad venidera, realizadas por el Banco de España y los datos de destrucción de empleo que se nos muestran, no es difícil imaginar que la morosidad llegará también de una u otra forma a las hipotecas que hoy se avalan con dinero público.
De nuevo la maltrecha sociedad financia a los bancos para que sigan ejerciendo su negocio sin asumir riesgos y… para compensar, se evalúa la posibilidad de incrementar los impuestos en todos los conceptos a… los ciudadanos, claro.