Con los índices de morosidad disparándose diariamente de forma descontrolada entre los desempleados sin prestaciones, la adquisición de viviendas perdiéndo su desgravación fiscal a partir del 1 de enero de 2010 y el déficit del estado conocido, las grandes inmobiliarias solicitan al gobierno un aval público que contemple la financiación de viviendas libres de iguales características que la vivienda de protección oficial.
El G-14 ha solicitado formalmente al gobierno la implantación de avales estatales para la adquisición de viviendas libres.
Las bases de la solicitud se centran en la implantación de esta medida con carácter eventual mientras se normaliza el mercado.
La solicitud pasa por que el Estado a través del ICO avale viviendas libres que no superen un determinado precio y en un porcentaje de financiación no superior al 50% revisable en función de los ingresos del comprador.
La doble vertiente de esta solicitud que pasa por acabar con el stock de viviendas vacías facilitando el financiamiento a las personas en situación de comprar y frenar el desplome de la construcción cuyos datos están en el 74% de caída en el primer trimestre.
La situación del mercado inmobiliario desde el punto de vista del G-14 aún no ha tocado suelo y no lo hará en tanto no se regule el mercado laboral y se articulen herramientas e instrumentos de control y freno de la morosidad. Mientras esto no suceda, los precios seguirán cayendo a que los mercados continúan inestables.
Desde el G-14 se mantienen en alza la queja recurrente sobre la competencia desleal de los bancos ya que éstos frenan el acceso al crédito a todas las viviendas que no procedan de sus propios shocks.
Si bien el G-14 comprende que los bancos se han visto obligados a realizar esta incursión en el mercado inmobiliario del que saldrán cuando se normalice la situación, considera que el estado debe avalar la adquisición y facilitar la financiación de vivienda libre con el fin de lograr una situación de equilibrio lo mas pronto posible.
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